Meta a juicio en Oakland: cuatro estados abren el caso de una coalición de 29
El juicio arrancó el 18 de agosto en una corte federal de California y está programado para durar unas seis semanas. Lo que está en juego no es solo el dinero: los estados quieren que la jueza ordene eliminar o modificar el conteo público de "Me gusta" y poner límites de tiempo para menores.
El juicio federal contra Meta por el diseño de Instagram y Facebook arrancó el 18 de agosto de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en Oakland. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey abren la primera fase del caso de una coalición de 29 estados, que acusa a la compañía de enganchar deliberadamente a menores, ocultar los riesgos del uso compulsivo y recopilar datos infantiles sin autorización parental. Los demandantes calculan que sanciones, restituciones y otros pagos podrían acercarse a 193 mil millones de dólares, unos 3.29 billones de pesos al tipo de cambio del 19 de agosto de 2026, según Proceso.
El caso nace de una demanda federal de octubre de 2023 por presunta violación de leyes estatales de protección al consumidor y de la COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), que regula la recopilación de datos de menores de 13 años. La demanda original la firmaron 33 fiscales generales —en 2023 se describió una acción coordinada de 41 estados y Washington D.C.—; tras resoluciones judiciales y la separación de algunos demandantes, el juicio actual se refiere a una coalición de 29. Los otros 25 estados irían en procesos posteriores.
Qué funciones siguen en juego
Las funciones cuestionadas son el conteo público de "Me gusta", las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos, la recomendación algorítmica, el desplazamiento sin fin, los filtros de apariencia, las herramientas que dificultarían cumplir límites de tiempo y las cuentas múltiples en Instagram. Una resolución previa de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers limitó las reclamaciones directamente relacionadas con contenido recomendado, reproducción automática y desplazamiento infinito, por las protecciones de la Sección 230 de la legislación estadounidense, que ampara a las plataformas por el contenido de terceros.
Sí permitió avanzar, entre otras:
- Filtros que alteran la apariencia física.
- Herramientas que interfieren con las restricciones de tiempo.
- Cuentas múltiples en Instagram.
- Presuntas omisiones al advertir riesgos conocidos de uso compulsivo.
Los estados piden además eliminar o modificar el conteo de "Me gusta" y límites de tiempo para menores.
En los alegatos iniciales, la abogada de California Megan O'Neill describió una estrategia de atraer usuarios, retenerlos, recopilar sus datos y ocultar los riesgos; la acusación la comparó con la industria tabacalera.
El primer testigo
Arturo Béjar, antiguo ingeniero y consultor de Meta, declaró que la empresa tenía sistemas insuficientes para medir el daño en usuarios jóvenes y describió una práctica de "no preguntar y no decir" sobre los menores de 13 años; dijo haber llevado el tema al jefe de Producto, Chris Cox. Meta quiso impedir su testimonio bajo el argumento de que él había borrado mensajes de Signal intercambiados con exempleados; la jueza se negó a excluirlo, aunque la defensa podrá usar esa disputa para cuestionar su credibilidad.
La defensa y el calendario
Paul Schmidt, abogado de Meta, rechazó que la compañía haya buscado perjudicar a sus usuarios y sostuvo que no hay relación causal clara entre el uso de redes sociales y una reducción general del bienestar adolescente. La defensa, en conjunto, alega que documentos internos y declaraciones de empleados se han presentado fuera de contexto. La compañía, por su parte, asegura haber eliminado más de un millón de cuentas de usuarios identificados como menores de la edad permitida.
El calendario prevé unas seis semanas de testimonios, con un cierre posible entre finales de septiembre y principios de octubre; Mark Zuckerberg y Adam Mosseri podrían declarar. El jurado emitirá un veredicto consultivo; Gonzalez Rogers decidirá si Meta infringió la COPPA y las leyes estatales de protección al consumidor.
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