Texas declara nueve islas del río Bravo propiedad del estado; México responde que un estado no puede mover la frontera

El 26 de octubre de 2026, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por la comisionada Dawn Buckingham, dijo que nueve islas del río Bravo, de unos 66 acres (unas 26.7 hectáreas), son propiedad del estado de Texas. En cartas al Departamento de Seguridad Pública (DPS) y al Departamento Militar de Texas, que agrupa a la Guardia Nacional, la GLO explicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le consultó por 28 islas «consideradas sin reclamar o cuya propiedad no se había establecido», y que tras revisar registros históricos y levantamientos determinó que nueve son del estado. Con eso, autorizó a ambas corporaciones a entrar a las islas «para mantener la seguridad operativa» de la frontera.

Qué dice Texas

El comunicado de la GLO afirma que la tierra de Texas «nunca será un refugio para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales», y las cartas citan casos anteriores de islas fronterizas usadas por cárteles. Pero la propia GLO reconoce: «no hemos confirmado actividad criminal en estas islas adicionales». Texas no publicó coordenadas, solo un mapa; según medios, las islas están en el tramo de Laredo a McAllen, frente a Tamaulipas.

¿De qué lado quedan?

En el mapa de la GLO, la línea internacional pasa del lado mexicano de cada isla: Texas sostiene que las nueve ya estaban del lado estadounidense y que, dentro de su país, el dueño es el estado. Esa es su lectura: la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) no se ha pronunciado sobre ese mapa. De las islas consultadas, la GLO dice que otras siguen en revisión.

La respuesta de México

El 30 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió en una nota informativa: «La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal». Recordó que, según el Tratado de Límites de 1970, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río y determina la soberanía de las tierras de cada lado; que la CILA «es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla», y que ninguna autoridad estatal tiene esa atribución. También señaló que ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, desvíen u obstruyan el escurrimiento normal del río, y que México «dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona».

La frontera sí se ha movido, pero por tratado

El río ha cambiado de curso y la frontera se ha ajustado mediante acuerdos entre los dos países. El caso más conocido es El Chamizal: tras un arbitraje de 1911 y la convención de 1963, Estados Unidos entregó a México en 1967 un saldo neto de 176.92 hectáreas (437.18 acres), según la CILA. En 2023, Texas declaró propiedad estatal la isla Frontón (170 acres, condado de Starr); en 2024, la sección estadounidense de la CILA le respondió que es propiedad federal, y Texas no cedió. No hay una resolución conocida.

Lo que sigue

Hasta el 31 de octubre, ni la CILA ni el Departamento de Estado de Estados Unidos habían fijado una postura pública sobre las nueve islas. La SRE dice que dará seguimiento puntual y apuesta por el diálogo bilateral.